Rebelión de los Trabajadores y Asistentes Sociales de España
El Consejo General de Trabajo Social (CGTS) – organismo al que pertenecen los colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de toda España -ha rechazado de forma contundente los recortes impuestos en esta materia. El CGTS alerta de que la drástica disminución, del 42,4%, en el Plan Concertado con los Ayuntamientos que conllevará la aplicación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, dejará a 3.244.338 personas sin la ayuda directa que recibían de las corporaciones locales.
"El Gobierno - afirman- prevé pasar de 6.724.016 usuarios a 3.479.678, y de los 86.633.150 millones que se destinaron en 2011 a 49.913.840".
SE ELIMINARÁN 12.265 PUESTOS DE TRABAJO
El CGTS advierte que de consumarse los recortes presupuestarios se sufriría un retroceso de más de 20 años en los Servicios Sociales del Estado español. Por esta razón, el Consejo ha comenzado una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios, instándoles a proponer enmiendas a los presupuestos que garanticen la atención social universal. Una de las alternativas propuestas por el CGTS consiste en aumentar la recaudación estatal,·"persiguiendo de forma eficaz el fraude fiscal”. Una iniciativa -sostiene- que permitiría recaudar 60.000 millones de euros. Más del doble de los recortes de los presupuestos El CGTS plantea, finalmente, “que establcer un impuesto a las transacciones financieras permitiría recaudar más de tres veces lo que se ha recortado en partidas como la de ayuda al desarrollo”.
El Consejo General de Trabajo Social (CGTS) – organismo al que pertenecen los colegios oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de toda España -ha rechazado de forma contundente los recortes impuestos en esta materia. El CGTS alerta de que la drástica disminución, del 42,4%, en el Plan Concertado con los Ayuntamientos que conllevará la aplicación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, dejará a 3.244.338 personas sin la ayuda directa que recibían de las corporaciones locales.
"El Gobierno - afirman- prevé pasar de 6.724.016 usuarios a 3.479.678, y de los 86.633.150 millones que se destinaron en 2011 a 49.913.840".
SE ELIMINARÁN 12.265 PUESTOS DE TRABAJO
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS)advierte también de que el recorte de los presupuestos supondrá la eliminación de 12.265 puestos de trabajo directos: de 28.858 trabajadores y trabajadoras sociales empleados en acciones del Plan Concertado en 2011 se pasará a 16.593.
Ana I. Lima, critica con dureza que "el Gobierno diga que quiere perseguir que los servicios públicos sean universales y mejorar las políticas del Bienestar, mientras recorta por otro lado". "Los recortes son desproporcionados, injustos e insolidarios. Las cuentas que prevé el Gobierno atentan contra la cohesión social y provocarán un enorme retroceso en el Estado de Bienestar" -denuncia Lima.
Negándose a aceptar esta situación, los trabajadores sociales -representados por el Consejo- han exigido "que se garantice a toda la ciudadanía la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales". "Más aún -apuntan - cuando el número de usuarios va en aumento". Y es que el Consejo estima que las situaciones de emergencia social y la atención de necesidades más básicas han aumentado incluso un 250 %, lo que está ocasionando un colapso de los recursos tanto humanos como materiales”.
Con los recortes, también se suprimirán los proyectos del Plan de Acción para las personas con movilidad reducida que atendían a 32.000 ciudadanos. Se dejará de atender - según los cálculos de este organismo - a 73.932 usuarios de proyectos de desarrollo social de las comunidades gitanas y se suprimirán los 25 proyectos que se venían contemplando para la protección contra el maltrato infantil; así como los 33 de capacitación de profesionales.
El Consejo también ha denunciado la supresión de la partida acordada para financiar laLey de Dependencia (283 millones en 2011), La eliminación de esta partida -dicen - “dificulta a las autonomías la posibilidad de poner al día sus prestaciones: 280.984 personas siguen esperando que el derecho que se les reconoció se haga efectivo”.
UN RETROCESO DE 20 AÑOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES
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