Desde
REDESSCAN hemos visto la necesidad de realizar una serie de artículos
de opinión, de los cuales éste es el primero, sobre el contexto y la
elaboración de la nueva ley de Servicios Sociales de Canarias que
actualmente se encuentra en trámite administrativo. Para ello, en este
primer artículo explicaremos lo que son los Servicios Sociales; el
recorrido de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias; el impacto de la crisis del 2008 en los
Servicios Sociales públicos y sus consecuencias en la población.
Debemos
partir de la premisa que los Servicios Sociales son un sistema de
protección de responsabilidad pública que debe garantizar el acceso a
los derechos sociales para todas las personas, dar cobertura a las
necesidades básicas de todas las personas y redistribuir la riqueza. por
ello los Servicios Sociales es uno de los cuatro pilares del Estado de
Bienestar junto con la Sanidad, la Educación y la Garantía de rentas.
Aunque el Sistema Público de Servicios Sociales, en muchas ocasiones se
interpreta que es un sistema para atender las necesidades de las
personas empobrecidas, como ciudadanía debemos reivindicar el carácter
universal de los Servicios Sociales, ya que en algún momento de nuestras
vidas cualquiera de nosotras podemos necesitar apoyo para poder hacer
frente a dificultades de índole personal, familiar o comunitario que
afecten a nuestro bienestar.
En
Canarias contamos con una ley de Servicios Sociales desde 1987. En esta
ley se recogía en el preámbulo el principio de responsabilidad pública,
el cambio de las estructuras socio económicas y el principio de
universalidad, premisas que están muy lejos del asistencialismo al que
se ha visto abocada la ley por la falta de desarrollo y financiación. En
la misma se establecen valores tales como la Justicia social y la
equidad, además de la redistribución de la riqueza y el papel de los
Servicios Sociales como garantes de derechos.
También
establecía en su artículo 2. f) los programas integrados destinados a
desarrollar acciones estructurales que precisan de la intervención de
diversas Consejerías de la Comunidad Autónoma o varias Administraciones
Públicas. Y en su artículo 5., dentro de los niveles de organización,
daba un papel fundamental a los servicios sociales comunitarios cuyo
objeto es promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos.
Esta ley
cuenta con unas muy buenas bases y abría el camino para desarrollar y
consolidar actuaciones dentro de un sistema que más de 30 años después
aún no se ha alcanzado y, peor aún que ahora se plantean como algo nuevo
y novedoso que aparecerá en la nueva ley de servicios sociales.
Llevamos 30 años esperando por planes de Servicios Sociales, esperando
por una regulación de la composición de los equipos profesionales, por
la elaboración de mapas de necesidades y recursos, por la definición de
prestaciones y servicios, por la clarificación de estructuras, funciones
y competencias. Todo ello aparecía en la ley, pero nunca se cumplió.
La crisis
fue un elemento que afectó a todas las estructuras y sistemas que forman
parte de una manera u otra de nuestras vidas, pero aquellas que ya
entraron en la crisis en una clara desventaja, como es el caso del
Sistema Público de Servicios Sociales el impacto que sufrió ha tenido
enormes y graves consecuencias tanto para el propio sistema como para la
población que requería acceder a derechos y/o cubrir necesidades de
diversa índole. En primer lugar este sistema, ya de entrada deficitario
en financiación, estructura, recursos e infraestructura vio aumentada la
demanda de atenciones en 7 años en un 60%, mientras que la financiación
del mismo sólo se ha desarrollado en un 20%, sobre todo por el
crecimiento en las partidas de prestaciones económicas, a la par que
disminuían partidas destinadas a mantener servicios y personal, con
descensos en algunos programas que han llegado incluso 81% como ha sido
el caso de los programas de alojamiento alternativo. En estos años el
Sistema Público de Servicios Sociales ha estado constantemente en una
montaña rusa debido a una total falta de planificación financiera y
organizativa y donde se ha pretendido curar graves heridas poniendo
tiritas, y donde se gestionan miserias y no el acceso a los derechos
sociales.
Canarias
se caracteriza por encontrarse en la mayor parte de los estudios e
informes relacionados con los SS.SS. en los últimos puestos de
desarrollo. Un claro ejemplo de ello es la puntuación de nuestra
Comunidad Autónoma en el Índice DEC (un estudio a nivel nacional que
mide la implantación de los SS.SS. en cada comunidad) en aspectos como
los derechos y las decisiones políticas, el esfuerzo económico y la
cobertura de servicios. Canarias de una puntuación sobre 10 obtiene un
2.4. La tercera nota más baja entre todas las Comunidades Autónomas.
Está claro
que no existe voluntad por parte de los responsables públicos de
apostar por este Sistema de Protección Social, y por ende por el
bienestar de la ciudadanía. Ya que sí así fuera no permitirían
que hubiera un 44% de la población canario en riesgo de pobreza, que un
29,5% de la población esté con una baja intensidad en el trabajo, que
más del 58% de personas con derecho al acceso a prestaciones de la la
Ley de Promoción y Autonomía Personal no lo tengan, que existan miles de
situaciones en limbos esperando resoluciones y actuaciones en materia
de infancia y familia, discapacidad, mujer, personas sin hogar, personas
migrantes, personas mayores… Es de vergüenza.
Exijamos a
los responsables políticos, que se centren en trabajar por el bien
común y no por los intereses de unos pocos; que inviertan en el Sistema
Público de Servicios Sociales para fortalecerlo y consolidarlo como
cuarto pilar del Estado del Bienestar. Que trabajen por y para la
ciudadanía. Esa es su tarea, esa es su responsabilidad.
REDESSCAN, 10 de Enero de 2018, Canarias
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