martes, 17 de octubre de 2017

MÁS DE 924.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA DE GARANTÍA DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL EN CANARIAS



MÁS DE 924.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA
DE GARANTÍA DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL EN CANARIAS

Desde REDESSCAN, la Red Canaria en defensa del Sistema público de Servicios Sociales denunciamos que en nuestro archipiélago:

SEGUIMOS SIN CONTAR con un Plan de lucha por la redistribución de la riqueza y la atención a la exclusión social. Ni se evaluó el Plan de lucha contra la pobreza desde 1998 hasta el 2008, ni la Estrategia de Inclusión que finalizó el 2015. La peor valoración es seguir contando con más de una de cada tres personas en nuestras islas, bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con todos sus miembros en desempleo; es decir en lista de espera de garantía de derechos y de Justicia social. Denunciamos la dedicación de herramientas miserables e ineficaces para la responsabilidad pública de redistribuir la riqueza y garantizar derechos sociales a todas las personas.

SEGUIMOS SIN CONTAR, tras 30 años de su elaboración , con el cumplimiento de la ley de servicios Sociales de Canarias, actualmente vigente y ninguneada. Sin financiación suficiente y estable, sin diagnóstico de la demanda y por tanto inadecuada oferta, tampoco tenemos un mapa de recursos sociales de la Comunidad Autónoma y por supuesto de cada isla y en proceso de desmantelamiento del sistema; que profundiza en la brecha de desigualdad de las islas.

SEGUIMOS SIN CONTAR, con Derechos sociales para todas las personas, garantizadas por la responsabilidad pública como obligación, muy al contrario cada vez con más respuestas neoasistencialistas, arbitrarias y con privatización de la filantropía y siendo residuales de la solidaridad de las unidades de convivencia que ya están extenuadas de esta tarea de las Administraciones.

SEGUIMOS SIN CONTAR, con unas Políticas sociales: Salud, educación, garantía de rentas, servicios sociales, empleo, vivienda… que hagan un ejercicio de transferencia y reparto justo de la renta y desarrollen los servicios públicos adecuados para garantizar los derechos y no como se está haciendo, dejación de las funciones de frenar que la desigualdad siga matando en el archipiélago, por omisión de las instituciones públicas de las diferentes administraciones. Financiación ridícula dedicada a la acción social en Canarias de 4 de cada 100 euros.Denunciamos la mercantilizacion de nuestro, poco desarrollado,estado del bienestar y la vuelta a la beneficencia como respuesta al aumento de la desigualdad y la pobreza.

SEGUIMOS SIN CONTAR, con un Plan de acción inmediata para las más de 924.000 personas en lista de espera para la garantía de sus derechos sociales y de Justicia social.

Para que a estas personas se les saque de esta sangrante lista de espera, volvemos a plantear las propuestas que exigimos:
     Garantía de derechos como obligación de las administraciones públicas y cobertura de necesidades básicas a toda la población de inmediato.
     Apelamos por la garantía de ingresos incondicionales, suficientes, fuera de la lógica del empleo y universales.
     Realización y puesta en marcha, con financiación suficiente, de un plan por la Justicia social y la redistribución de las rentas en Canarias.
     Financiación estable y suficiente de las Políticas Sociales en Canarias, priorizándolas frente a otros intereses particulares.
     Medidas de control del fraude fiscal y no apoyar los mecanismos de acumulación del capital que nos desposee a la mayoría de las condiciones de vida justas.
     Paguen por su irresponsabilidad y complicidades las personas e instituciones que aún estando obligados no desarrollan las acciones necesarias.
     Exigimos un pacto por la justicia social entre los distintos partidos políticos y agentes sociales de Canarias.

Para más información o declaraciones contacta con con el correo redesscan@gmail.com



Canarias a 17 de Octubre de 2017

martes, 3 de octubre de 2017

REDESSCAN PRESENTA UNA COMUNICACIÓN EN EL III CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL DE ARAGÓN (28 AL 30 DE SEPTIEMBRE) SOBRE LOS "EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE BIENESTAR ESPAÑOL. UN ACERCAMIENTO A SU IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS"

Compartimos el resumen y la conclusión de la misma:

La crisis económica iniciada en 2008 ha puesto de manifiesto la fragilidad del Estado de Bienestar Español y sus dificultades de financiación pública debido en parte a la presión encaminada a desmantelar buena parte de los sistemas de protección social, entres ellos los servicios sociales. Además, el imperativo de consolidación fiscal ha forzado la introducción de cambios de urgencia en numerosas áreas de bienestar, entre ellos los servicios sociales, acompañados de ajustes y trasvases de gasto social.
Asimismo, aunque estos cambios han afectado a los distintos modelos de regímenes de bienestar (continental, liberal, socialdemócrata y mediterráneo) estudios señalan grandes diferencias en las reformas adoptadas en sus políticas sociales y sistemas fiscales (Del Pino y Rubio, 2013; Moreno, L. Del Pino, E. Marí-Klose, P y Moreno-Fuentes, F.J. , 2014; Ruiz-Huerta, Ayala y Loscos, 2015).
Por otro lado, no se ha tenido en cuenta suficientemente el impacto, que la corrupción política y empresarial, puede tener en los Estados de Bienestar. Aunque, en la actualidad es una de las grandes preocupaciones de los españoles y europeos. A partir de los trabajos realizados por Bo Rothstein (2005, 2010, 2011, 2013) en el Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo se han realizado dos estudios sobre corrupción y calidad del gobierno (Charron, Lapuente y Rothstein, 2010, 2013a; Charron, Dijkstra y Lapuente, 2013b, 2015) llegando a la conclusión de que la corrupción tendría efectos devastadores sobre la prosperidad, el bienestar social, la salud, la desigualdad (Rothstein, 2016) y la democracia (Tortosa, 2013).
Partiendo de las diferencias de los regímenes de bienestar parece que encontramos dos características sociales importantes, a saber, el nivel de confianza social y el grado de corrupción (Rothstein, 2010). Se puede decir que los países tienden a agruparse en dos grupos: países con programas estatales de bienestar amplios y en su mayoría universales, con bajos niveles de corrupción, alto grado de confianza social y altos niveles de felicidad y
bienestar social; y por el contrario, los países con sistemas de bienestar más pequeños y con escasos recursos tienden a altos niveles de corrupción, niveles más bajos de confianza social y niveles más bajos de bienestar social.
Además, proponemos que desde nuestra definición, objeto, principios, código ético, objetivos y fundamentamos, entendemos la necesaria investigación-acción, contra los elementos que generan y favorecen las opresiones y desigualdades. Por tanto nuestro vínculo en la lucha por la Justicia social nos lleva en esencia a implicarnos contra la depredación y crimen que es la corrupción.
En España, uno de los grandes focos de corrupción son el urbanismo y la contratación pública que en los niveles de la administración local han sido alarmantes. Pero, ¿cómo han podido afectar estos casos al desarrollo de los Servios Sociales en las distintas Comunidades Autónomas?
A través de los índices de desarrollo de los Servicios Sociales [DEC], de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales [AEDGSS] (2015), y el European Quality of Government Index (EQI) (Charron, Lapuente y Rothstein, 2010, 2013a; Charron, Dijkstra y Lapuente, 2013b, 2015) realizaremos una aproximación al impacto de la corrupción y la calidad de los gobiernos en el desarrollo de los Servicios Sociales.
Asimismo, a través del caso del País Vasco evaluaremos la meritocracia en el sector público (Charron, Dahlström, Fazekas, y Lapuente, 2017) como una forma de defensa de los Servicios Sociales.
Para concluir con la propuesta de el Trabajo Social debe ocuparse, no sólo, de la mejora de los Servicios Sociales y los ámbitos que le competen en las políticas sociales, sino en la mejora de la transparencia, calidad de los gobiernos y lucha contra la corrupción, a través de la sociedad civil.

CONCLUSIONES:


Como apuntábamos en el principio de esta comunicación, desde 2008 hemos sufrido un periodo de recortes sociales intensos. Esto ha llevado, desde nuestro punto de vista, al desmantelamiento de los Servicios Sociales en España, que partían de un Estado de Bienestar muy poco consolidado.
Los estudios realizados desde REDESSCAN y el Colegio de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas de Gran Canaria (2014); y desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (2015) han sido un ejemplo de re-politización del trabajo social junto a personas afectadas por los recortes y otros profesionales de los servicios sociales que también se han visto afectados por estos acontecimientos.
Sin embargo, según la Actualización del plan presupuestario 2017 (Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España., 2016, p. 47) dentro de las medidas y previstas por las Entidades Locales, y tal como establece la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se llevará a cabo la supresión de servicios y desaparición de entidades locales menores (menos de 20.000 habitantes), además de, la supresión de servicios que no son de competencia local, con el traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.
Medidas, a nuestro juicio, desproporcionadas y que no acabarán con el mal uso del dinero público. No hay que olvidar que son los municipios de más de 20.000 habitantes los que cuentan con más casos de corrupción urbanística (Jerez, Martín y Pérez, 2012). Como apuntábamos con anterioridad
el coste de la corrupción rondaría los 87.002 millones de € anuales y es aquí donde se tendrían que tomar los mayores esfuerzos en el mejor uso del dinero público.
Asimismo, aunque la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene como finalidad mejorar la participación ciudadana y la calidad democrática en España, en ella se “garantiza muy poco el cumplimiento de la propia ley” (Lizcano y Villoria, 2013, p. 36).
En este sentido Transparencia Internacional España elabora el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos [ITA] que constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los ayuntamientos españoles. Empero, según el último “no deja de ser preocupante que en torno a un 44% de los ayuntamientos no alcancen la valoración de noventa sobre cien, que es el mínimo que deberían alcanzar todas estas instituciones” (TIE, 2017, p.1).
Otras medidas, como la llevada a cabo por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la deuda (Álvarez, 2016) que intentan auditar la deuda de los ayuntamientos contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable, y en los que tienen en cuenta la deuda contraída por tramas de corrupción, nos parecen medidas mucho más contundentes con los casos de corrupción y más efectivas en la defensa de las administraciones públicas.
Y es precisamente en estas plataformas ciudadanas donde creemos que es necesario que el trabajo social sea una disciplina en defensa de los derechos humano y la Justicia Social. Incorporando este enfoque de lucha contra la corrupción, ya que a más depredación de lo público, menos derechos, más desigualdades, a más privatización, más precariedad para las clases populares, cuanto más inequidad en el reparto de la riqueza, más injusticia.

REDESSCAN, 29 de septiembre Zaragoza