Los trabajadores sociales exigen un presupuesto
realista para la Prestación Canaria de Inserción
Denuncian la nula previsión del Gobierno de Canarias y recuerdan que ya advirtieron desde 2014 que la dotación para 2015 era insuficiente
Los Colegios de de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las
Palmas exigen al Gobierno de Canarias que destine un presupuesto realista a la Prestación Canaria de Inserción
(PCI). Tras conocer que, tal y como habían advertido desde noviembre de 2014,
la cuantía asignada en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 apenas
ha sido suficiente para abonar la PCI hasta el mes de marzo, recuerdan que
cientos de familias canarias están dejando de percibir unos ingresos mínimos a
los que tienen derecho por Ley y cuya finalidad es subsanar un problema grave
de exclusión social, que se ha visto agravado por la crisis económica.
Los dos Colegios profesionales consideran incomprensible que, pese a
que año tras año el Ejecutivo canario ha constatado que la escasa asignación
presupuestaria impide que la PCI llegue a las personas que han acreditado su
derecho a percibirla, continúe presupuestándola sin atenerse a la realidad y
haciendo oídos sordos a la Ley.
En este sentido,
explican que el presupuesto de 2014, 23 millones de
euros, se agotó en abril, y entonces se inyectaron 3 millones que se agotaron
en un solo mes. La situación se vuelve a repetir en 2015, tal y como advertimos.
El presupuesto previsto, 28 millones, se acabó en marzo, porque se tuvieron que
destinar 17 millones al pago de las prestaciones atrasadas correspondientes a
2014. Luego el problema es la falta de previsión del Gobierno autónomo, que
parece desconocer una realidad social que los trabajadores sociales constatamos
y denunciamos a diario.
Según los profesionales del Trabajo Social, la
ampliación de crédito de 4 millones que tiene prevista el Ejecutivo no supone
una solución eficaz, pues apenas servirá, un año más, para atender a las PCI
hasta mayo.
El propio Gobierno canario se había anunciado que
7.000 personas accederían a este año a ingresos de entre 473 euros y 658 a los
que da derecho la PCI. Es evidente, que, de no incrementarse de manera
significativa el presupuesto no cumplirá sus propósitos.
Los dos Colegios hacen hincapié en que, además, las
familias no solo soportan un retraso inexplicable a la hora de que los
ingresos, una vez reconocido su derechos, se hagan efectivos realmente, sino que, pese a que con la
última modificación de la Ley establece periodo máximo de 4 meses para la
tramitación de la PCI, en la práctica ésta este se prolongue hasta un año. En definitiva, los dos colegios
profesionales piden al Gobierno de Canarias, cuya consejera de Políticas
Sociales admitió en unas declaraciones a los medios que 45.000 familias
canarias tenían derecho a percibir la PCI, que explique cómo va a evitar que
sean los ciudadanos de estas islas en exclusión social o en riesgo de padecerla
los que sufran las consecuencias de unas restricciones presupuestarias
inexplicables.
Para los trabajadores sociales canarios la dejación
del ejecutivo está produciendo un retroceso en los
procesos de inclusión social, que tiran al traste toda la intervención
profesional y agrava las situaciones de exclusión.
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