Artículo original de la entrevista de una de nuestras portavoces aquí
Luis y Carmen antes pertenecían a la denominada clase
media. Tenían trabajos estables y bien remunerados. Contrataron una
hipoteca en su banco de toda la vida para comprarse un pisito en una
zona bien. Y podían permitirse un viaje al año para disfrutar de sus
vacaciones. Hoy el piso ya no es suyo sino del banco, viven con la madre
de Carmen y tienen que acudir a comedores sociales para buscar
alimento. Ambos son parados de larga duración. Luis y Carmen son el
rostro de la pobreza en España. Donde el espejismo de la clase media
prácticamente ha desaparecido y solo está al alcance de unos pocos.
Imagina que estás jugando al popular juego Monopoly. Frente a ti, un
solo jugador. Bajito, bigotudo, con traje, pajarita y sombrero de copa.
En lugar de billetes de pega, dinero de verdad. Para tu sorpresa, tu
contrincante ya ha comprado todas las casillas (incluidas las más caras)
y ha construido hoteles de cinco estrellas en cada una de ellas. Te
cede amablemente los dados para que comiences a jugar. Los lanzas y
caes, como no, en una de sus casillas. Y le pagas. Él lanza los dados.
Cae en una de sus casillas así que no ocurre nada, vuelve a darte los
dados. Y así durante un rato. Tu dinero va menguando y le explicas que
no tienes más. Que has puesto sobre la mesa todos tus ahorros. A tu
contrincante parece no importarle e insiste en que sigas jugando.
En otro ejercicio de imaginación, piensa que el jugador es un ciudadano
normal y su contrincante el Gobierno. El ciudadano, que quizás esté en
paro, tenga familia, hipoteca y la despensa vacía nota como su pobreza
se extrema, se intensifica y se convierte en crónica. Esa es la
situación que se vive en España desde hace unos años. Lejos de mejorar,
empeora, aunque el Gobierno insista en decir lo contrario.
A principios de agosto, Mariano Rajoy afirmaba orgulloso que España es
el país que ha tenido más crecimiento de la zona euro en este segundo
trimestre de 2014 y que eso es “fruto del esfuerzo que ha hecho el
conjunto de la sociedad española en circunstancias muy difíciles a lo
largo de estos últimos años, pero al final todo ese esfuerzo, todo ese
trabajo y ese entender muchas de las decisiones que han tenido que tomar
todas las administraciones, demuestra que se hizo lo que había que
hacer". Mientras el Gobierno se llenaba la boca con su particular manera
de hacer las cosas y su recuperación económica, la Encuesta de
Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE)
reflejaba que el 20,4 % de los españoles vive en riesgo de pobreza,
frente al 20,8 % de 2012. Un descenso que no responde a una mejora de la
situación sino a que, al disminuir los ingresos de la población,
también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.
Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza de
España, un 28,4 %. La tasa de desempleo en las Islas asciende al 33,2%.
¿Estamos saliendo de la crisis?
Las cinco personas
más ricas del Archipiélago manejan en un año el 4,7% del Producto
Interior Bruto (PIB) de Canarias. Como media pueden gastarse al día
cinco millones trescientos mil euros. 5.869 personas poseen 42% del PIB.
Durante 2013 Cáritas atendió a más de dos millones y medio de personas
en España (600.000 más que en 2012). En gran medida gracias a
aportaciones privadas, ya que los fondos públicos recibidos fueron los
más bajos de los últimos años.
Lo que se traduce en
que cerca de un millón de familias están recibiendo apoyo de la
organización católica y que han aumentado las personas atendidas porque
los hogares son cada vez mayores y sus miembros tienen más problemas.
Consecuencias y riesgos
La renta media de la población española es, en términos reales,
inferior a la que había en el año 2000. España se ha convertido en uno
de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera
menos equitativa, según se desprende del documento ‘Análisis y
perspectivas 2014’ elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas.
Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado
con la crisis, haciendo que España ocupe uno de los primeros puestos
del ranking europeo en cualquier indicador de pobreza. El hundimiento de
las rentas más bajas junto al reparto desigual de la riqueza está
produciendo un empobrecimiento de la sociedad española que deriva en una
mayor exclusión social. En el último trimestre de 2013 el porcentaje de
hogares sin ingresos alcanzó los 700.000.
47.000
hogares en Canarias no reciben ningún tipo de ingresos. El 39% de la
población del Archipiélago se encuentra en riesgo de exclusión. Lo que
significa que de cinco personas, una está integrada y cuatro tienen
algún problema de precariedad y exclusión.
Actualmente hay más de once millones de personas que atraviesan
distintos procesos de exclusión social en España. Aunque la incidencia
de la exclusión social es igual en hombres y en mujeres, las más
perjudicadas siguen siendo las mujeres. Los hogares encabezados por una
mujer son los más afectados.
Los jóvenes son los
grandes perjudicados, junto a los niños, en esta crisis. El 44% de las
personas excluidas tiene menos de 29 años. Los hogares más jóvenes:
aquellos encabezados por menores de 29 años se ven afectados en un 30,8%
en situación de exclusión social, “el triple que en 2007, y la
evolución todavía ha sido peor en cuanto al aumento de las situaciones
de exclusión más severas, que suponen un 13% de estos hogares más
jóvenes”, según el informe.
A grandes rasgos, se
podría decir que cinco millones de personas se encuentran en una
situación de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.
En hogares donde hay personas con discapacidad las pensiones se han
mantenido, pero su nivel de protección social no ha mejorado. Como
resultado, la incidencia de la exclusión social en estos hogares no ha
empeorado, pero sigue siendo superior a la media.
Además, destaca el elevado número de desempleados que han pasado de ser
recientes a ser de larga duración. La pobreza se ceba con los
inmigrantes, las personas con poca formación y los parados.
Pobreza infantil
En España hay 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza. Murcia,
Andalucía y Canarias, por este orden, son las comunidades autónomas con
mayor riesgo de sufrir pobreza infantil, situación que, en general en
toda España, aumenta en un 50% si una pareja tiene más de dos hijos.
Estas son dos de las principales conclusiones del informe ‘Los niños y
niñas, los más vulnerables en todas las comunidades autónomas’,
realizado por la ONG de cooperación Educo.
En el
Archipiélago el 38% de los menores se encuentra en esta situación.
Riesgo que aumenta en familias con más de dos hijos, monoparentales o
con progenitores en situación de desempleo.
Ante
estos escandalosos datos, la directora general de Políticas Sociales del
Gobierno de Canarias, Ángeles Fernández, se apresuró en señalar a
Madrid como causante de esa lamentable tercera posición de Canarias en
el ranking.
Afirmó que Canarias es la comunidad
peor financiada por el Estado y culpó al gobierno central de elaborar un
plan contra la pobreza infantil de 16 millones de euros, de los cuales
solo 1,3 van destinados a las Islas.
En su defensa,
Fernández expuso que el Archipiélago es el único territorio que ha
creado una estrategia contra la pobreza, desde junio de 2013, “que pasa
inicialmente por la apertura de comedores escolares, también durante el
periodo de verano". Medidas, que más de un año después se han mostrado
insuficientes para paliar esta lacra.
Para Koldobi
Velasco, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales (Redesscan), el Plan contra la Pobreza elaborado por
la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda, cuya
titular es Inés Rojas, es un conjunto de “mentiras presupuestarias y sin
novedad”.
Considera que tanto las medidas como la
financiación eran insuficientes desde el principio, ya que no llegan a
dar la cobertura que se necesita. “No cumple el objetivo y no se han
llevado adelante las medidas que se planteaban”, asegura.
Renta básica
La renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano de
manera incondicional y suficiente (645 euros al mes) que sirve para
satisfacer sus necesidades básicas. Se percibe de manera individual y es
universal. Varios colectivos en todo el Estado recogen firmas para
presentar esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Los primeros en percibirlas serían aquellas personas que no tienen
ningún tipo de ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la
pobreza. En el caso de Canarias afectaría a más de 140.000 personas. “Se
trata de crear una herramienta que acabe con la estigmatización de las
personas empobrecidas y que genere condiciones de vida justas y
dignas”, aclara Velasco.
Pero resolver la cuestión de
la desigualdad y la exclusión no se acaba con una transferencia
económica. La portavoz de Redesscan asegura que“hay que favorecer la
inversión en lo social, que todo el mundo pueda acceder a la sanidad, a
la educación a la justicia, alimentación, agua y luz”.
La inversión social de España está por debajo de la media europea. Y
especialmente se invierte en prestaciones para desempleo quedando
cantidades ínfimas para todo lo relacionado con el apoyo a las familias,
a la infancia, para vivienda y la erradicación de la exclusión social.
“La inversión del estado para servicios sociales es tres euros por cada
persona que acude a los servicios sociales, que son más de 8 millones”,
explica Velasco.
La otra cara de la pobreza: el trabajador social
Canarias es la segunda comunidad autónoma después de Murcia donde más
se redujo el número de trabajadores sociales, con una bajada de un
44,6%, según los datos del Informe de los Servicios Sociales en España
elaborado por el Consejo General de Trabajo Social.
Al mismo tiempo, Canarias es la comunidad en la que más se incrementó la
demanda de Servicios Sociales, un 87%. Lo que se traduce en que por
cada trabajador social hay 24.075 habitantes. Velasco afirma que “la
inversión que se hace desde las administraciones canarias de 213 euros
por habitante, es completamente insuficiente para abordar la situación
de emergencia y desigualdad en la que estamos”.
Este
descenso en el número de trabajadores sociales, que en la mayoría de las
ocasiones se debe a los recortes, es uno de los factores que
contribuyen a la desigualdad y al desmantelamiento del sistema público
de servicios sociales. Según la portavoz de Redesscan esto provoca que
la atención sea más asistencialista y residual cuando la vocación de los
servicios públicos es que sea para todos, no para la gente más pobre.
“Si se desmantela lo público, sube la privatización y se acaba con la
concepción de que los servicios sociales son un derecho”, concluye
Velasco.
Los colegios profesionales de Trabajo Social
de Canarias han mostrado su preocupación por la reforma de la ley
reguladora de la Prestación Canaria de Inserción. La Consejería de
Políticas Sociales quiere limitar a un máximo de un año el cobro de la
PCI.
Según esa información, el Gobierno canario
quiere eliminar la posibilidad de renovación de la ayuda de forma
inmediata. En la reforma pretende que deban transcurrir al menos doce
meses desde el último mes en que se cobró la prestación.
“El presupuesto se acaba en mayo y luego se deniegan todas las
solicitudes”, asegura Velasco. Además, desde Redesscan se critica que
la definición del concepto de exclusión social que ha incluido el
Gobierno de Canarias no ha seguido ningún marco teórico.
La PCI llega a uno de cada 233 personas que tendrían derecho a
percibirla. “Ha aumentado el ratio de personas a las que no les llega y
tendrían derecho. En el país vasco llega a uno de cada 48. Una comunidad
que tiene más o menos la misma población que Canarias. De los 47.000
hogares que tendría que llegar, en 2013 llegó a unos 5 mil hogares. La
espera sigue siendo de un año”, explica Velasco
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